En la Jornada organizada por Madrid Federal el pasado mes de noviembre, El estado autonómico a la luz del federalismo alemán”, y que tuvo lugar en la Fundación Ortega Marañón, el profesor de Derecho Constitucional de la UAM, Antonio Arroyo, presentó una ponencia en la que defendió “la necesidad de actualizar el pacto constitucional para mejorar la organización de nuestro poder público”, avanzando para ello en la reforma constitucional, “una vez que han quedado al descubierto sus insuficiencias, deficiencias o disfunciones”.
Tanto en el ámbito académico como en la sociedad civil organizada y los medios de comunicación, el diagnóstico de los principales males del Estado autonómico está hecho. “Matices al margen, existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de proceder a un reparto más claro de competencias entre el Estado central y las CCAA”, que mitigue la alta conflictividad que se observa al respecto; un nuevo impulso institucional que transforme el Senado en una verdadera cámara de representación territorial, en el sentido de órgano constitucional que favorezca la colaboración intergubernamental y en el que las CCAA puedan defender sus posiciones o intereses; y cambiar el sistema de financiación de las CCAA, en el que se han detectado serias disfunciones que, en parte, derivan de un deficiente y poco transparente desarrollo legal de los principios constitucionales que han de inspirar dicho sistema.
Es, por tanto, responsabilidad de todos, en primer lugar, de nuestros gobernantes y representantes políticos, que han de impulsar y liderar ese gran acuerdo, y en segundo término, y de manera decisiva, del conjunto de la ciudadanía, que habría de estar dispuesta ratificar mayoritariamente el mismo, si es que llegase al convencimiento de que, en efecto, nuestra organización territorial requiere de esos ajustes.